La sesión, extraordinaria y urgente, sirvió para conocer los resultados de la entrevista entre el director general del Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo, y una representación de la FMC compuesta por su presidente, Pablo Diestro, el vicepresidente primero, Roberto Escobedo, y la concejala de Santander, Ana González Pescador, quienes informaron que la Orden cuenta con 31 millones de euros de presupuesto repartidos en dos ejercicios, con los que se podrá contratar a 3.240 personas, según estimaciones del EMCAN.

Está dirigido mayoritariamente a desempleados de larga duración, priorizando a los mayores de 45 años que no perciban prestaciones ni subsidios de desempleo, aunque también habrá una asignación de 4 millones de euros, exclusivamente para la contratación de jóvenes menores de 30 años.

Las contrataciones se distribuirán en tres grupos de entidades: los municipios de la zona del Besaya, que como área de especial atención recibirá una asignación mayor que la que proporcionalmente le pudiera corresponder; el resto de municipios y las mancomunidades.

Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) se abrirá un plazo de 10 días para presentar las solicitudes. Las entidades locales podrán presentar tres tipos de solicitudes, que van desde las que se destinan para proyectos a desempleados en general, de larga duración y para contratar exclusivamente a jóvenes en el marco de la Garantía Juvenil. Y por cada solicitud se podrán desarrollar, después, hasta 3 proyectos.

Como novedad, tras la publicación de la Orden, el Gobierno resolverá la convocatoria y con el nuevo procedimiento no se exigirá que los ayuntamientos presenten los proyectos de obras y servicios junto con la solicitud. Además, el ámbito temporal para su ejecución se prolongará hasta el 31 de mayo de 2018.

El programa consiste en la financiación de los costes laborales y de la Seguridad Social generados por las contrataciones de desempleados llevadas a cabo por las corporaciones locales o entidades vinculadas a una administración local que resulten beneficiarias, para la ejecución de obras o servicios de interés general o social.

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